El pasado 27 de enero dirigentes de asociaciones de funcionarios pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas, respaldados por la ANEF y la CUT, enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric. El motivo: poner en su conocimiento y solicitar su intervención ante prácticas antisindicales ocurridas al interior de la Subsecretaría de Obras Públicas. Situación generada por el despido de dos trabajadores con 11 y 22 años de servicio y que contaban con fuero sindical. Los dardos van en contra del subsecretario José Herrera en particular y en general al Federación Regionalista Verde Social(FRVS) “que maneja este ministerio a su antojo y necesita espacios para poner a su gente”, señala un dirigente. El subsecretario, por su parte, asegura tener “la certeza de que no ha habido prácticas antisindicales durante esta administración”.
“Los/as dirigentes/as sindicales del Ministerio de Obras Públicas abajo firmantes, nos dirigimos a usted en el último intento de hacer primar el efectivo respeto de la libertad sindical y de los derechos y garantías conquistadas por las organizaciones que los/las trabajadores/as se han dado, en el marco de los compromisos que su gobierno expresó, como pilares fundamentales de su ejercicio”.
Tras reiterados esfuerzos por resolverlas al interior del Ministerio de Obras Públicas, nos vemos en la obligación de denunciar ante usted la gravísima vulneración de derechos colectivos y actos administrativos abiertamente ilegales implementados desde la Subsecretaría de Obras Públicas”, de esta manera comienza la carta que dirigentes, representantes de los funcionarios del ministerio de Obras Públicas enviaron el pasado 27 de enero al Presidente Gabriel Boric.
Los trabajadores señalan que el subsecretario de Obras Públicas, José Herrera Chavarría, en conjunto con su jefa de gabinete Marta Molina Ávila, informaron el término anticipado de contrata de dos funcionarios: Pedro Alcaide Marambio, que llevaba 11 años de servicio y de Christian Acosta Verdugo, con 22 años en el ministerio.
“Estos no tenían sumarios, anotaciones de demérito a lo largo de su carrera, estaban calificados en lista 2 (buena), según la última evaluación”, expresan.
En el texto, agregan que los despidos se realizaron en el mismo periodo en que correspondía a la administración notificar las renovaciones de contrata para el año 2023. Los que califican como un acto anómalo y con argumentos cuestionables. “Se argumenta una reestructuración funcional, que afecta sólo una de las funciones que desempeñan ambos funcionarios, y que no se ha completado hasta la fecha, lo que evidencia que estamos ante una clara desviación de poder y un acto administrativo ideológicamente falso, cuyo fin es justificar los despidos arbitrarios”.
Señalan, además, que ambos contaban con fuero sindical en la fecha en que fueron despedidos. Ya que habían inscrito su candidatura en la Asociación de Profesionales Universitarios de la Subsecretaría de Obras Públicas el 24 de noviembre de 2022 y fueron despedidos al día siguiente: el 25 de noviembre. “Ambos estaban amparados en el artículo 20 de la Ley Nº 19.296 sobre asociaciones de funcionarios que prohíbe sus despidos y resguarda la inamovilidad de sus funciones. Además, en la elección de la asociación, realizada el día 27 de diciembre, uno de los funcionarios despedidos —Christian Acosta— resultó con la primera mayoría. Su calidad de dirigente consta en los registros de la Dirección del Trabajo, de acuerdo a las funciones que corresponden a dicho servicio público”, aseguran.
Los hechos fueron presentados en la Mesa de reconsideración de no renovaciones de contratas, coordinada por la Mesa del sector público, sin que se haya corregido por parte de la subsecretaría su actuación. “Existe una patente práctica antisindical y atentado a la libertad sindical, al despedir a dos trabajadores sujetos a fuero, ya que se encontraban en medio de un proceso eleccionario, con su respectiva inscripción como candidatos, hecho conocido por la autoridad de esta Subsecretaría, ya que el secretario de la asociación cumplió a cabalidad la obligación de informar la inscripción de cada candidato al Subsecretario Herrera tal como lo indica el estatuto de la organización y la Ley de Asociaciones”, sigue la carta.
Consultado al respecto el Subsecretario de Obras Públicas, José Herrera Chavarría explicó que los despidos se enmarcaron en una completa reestructuración del área de seguridad de la información en la cual se desempeñaban ambos funcionarios desvinculados. “Esta área pasó de ser un programa de mejoramiento de la gestión (PMG) y luego un Convenio de Desempeño Colectivo (CDC) con metas muy acotadas, a estar cargo de un comité intraministerial, que compromete a todas las direcciones generales del servicio, e interdisciplinario de acuerdo a la Norma ISO 27001, a la cual el MOP debe ajustarse por instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior. Por consiguiente, los servicios que prestaban estos ex funcionarios, se estimó ya no eran necesarios para la subsecretaría”.
No obstante, los dirigentes aseguran que tal reestructuración no se ha realizado hasta el día de hoy, ante lo cual el subsecretario Herrera explica que hay discrepancia con algunos de ellos. Y que para la autoridad la profundidad de la reestructuración realizada sí afecta a los ex funcionarios. Y agrega que “el comité que se creó para esos fines ya ha sesionado en seis ocasiones de acuerdo a las funciones que se le encomendaron”.
Sobre las prácticas antisindicales ambas partes presentan argumentos basados en las fechas.
Los dirigentes insisten en que las candidaturas de Alcaide y Acosta fueron inscritas el 24 de noviembre de 2022. Así lo verifica la firma de Rafael Medina, quien actuó como secretario de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Subsecretaría. Quien afirma que según la Ley 19.296 el fuero comienza en el momento en que se inscribe la candidatura o cuando es notificada oficialmente la autoridad (el subsecretario) y “eso fue realizado a las 9:03 de la mañana del 25 de noviembre y los profesionales fueron notificados a las 17:30 de la tarde, cuando ya tenían fuero. Es más, Christian Acosta resultó electo con la primera mayoría”, agrega.
Sin embargo, la autoridad replica que la realidad es totalmente opuesta a lo planteado por los funcionarios y la explicación es muy simple: “Estas personas se inscribieron como candidatos fuera de plazo legal. Las elecciones se realizaron el día 27 de diciembre de 2022 y la ley dispone que los candidatos se deben inscribir dentro de los 30 días anteriores a la elección. Sin embargo, en este caso, los ex funcionarios se inscribieron el 25 de noviembre, es decir, el mismo día en que fueron notificados de su desvinculación y fuera del plazo de 30 días”. Y continúa: “Es importante recalcar que durante esta administración se han hecho mejoras e importantes avances, y nos consta que es reconocido por la gran mayoría de los funcionarios y funcionarias del ministerio y sus asociaciones. En efecto, los 29 gremios del MOP nos han señalado su conformidad por la instalación de mesas de diálogo y por el establecimiento de un encargado de relaciones laborales cuya labor principal es velar por una correcta relación de los gremios con la autoridad. En un ministerio con 9.278 funcionarios y funcionarias, se desvincularon a 54 personas, lo cual da cuenta del compromiso de esta administración con la estabilidad laboral de las y los trabajadores del servicio”.
En estos momentos los exfuncionarios están a la espera de la resolución de la Contraloría a quien le corresponde pronunciarse sobre la apelación —por fuero sindical— ante la medida de término de contrato anticipado.
En la carta los dirigentes van más allá. Hacen notar al Presidente que las prácticas de hostigamiento y falta de diálogo han sido la tónica en dicho ministerio, apuntando a militantes del Partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), a quien le “habría sido asignado el MOP”.
“Largo sería realizar el recuento de funcionarios/as, perseguidos, acosados y hostigados por parte de las jefaturas nombradas por la actual administración, muchos de ellos/as con licencias médicas de origen laboral, emitidas por la Asociación Chilena de Seguridad en razón de maltrato/acoso, situaciones respecto de las cuales se han presentado diversas denuncias ante la Contraloría General de la República, que se encuentran en proceso de revisión por parte del órgano contralor”, agregan.
Y concluyen con la siguiente petición:
“Finalmente, recurrimos a usted, máxima autoridad del gobierno, con la esperanza y la expectativa de que su intervención permita retrotraer los despidos ilegales y arbitrarios que venimos a denunciar, y en términos más generales que instruya todas las medidas necesarias para garantizar que, en el Ministerio de Obras Públicas, se recuperen los canales de diálogo y trabajo bipartito, y por sobre todo el respeto al ejercicio de nuestras Asociaciones de Funcionarios, en función de proyectar la gestión de nuestro ministerio y sus servicios dependientes, al servicio de la ciudadanía, sus demandas y necesidades.
En todo caso, salvo que sus buenos oficios permitan revertir estas actuaciones denunciadas, hacemos expresa reserva de acciones y recursos por la no observancia de estos derechos constitucionales y legales”.
Las asociaciones que firmaron la carta al Presidente Gabriel Boric: ANFUSOP (Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Subsecretaria y Otras Direcciones del Ministerio de Obras Públicas). Asociación de Profesionales Universitarios de la Subsecretaria de Obras Públicas. ANFUDGOP (Asociación Nacional de Funcionarios/as de la Dirección General de Obras Públicas). ANFUFISCALIA (Asociación Nacional de Funcionarios/as de Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas). ANFUDOH (Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP). ANTMOP (Asociación Nacional de Trabajadores de MOP). ANFUINH (Asociación Nacional de Funcionarios/as del Instituto Nacional de Hidráulica MOP). Coordinación de Asociaciones de Profesionales del MOP. FENAPRO (Federación Nacional de Profesionales Universitarios del MOP). Más el director nacional de la AEF, Yuri Contreras y el consejero nacional CUT CHILE y coordinador Mesa Sector Público, Carlos Insunza.
