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Organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado en los últimos años de la deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo. También lo han hecho otros países de América Latina, aunque solo unos pocos se han pronunciado sobre la nueva ofensiva de Ortega contra la oposición.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo completó esta semana su última ofensiva contra las voces críticas dentro y fuera de Nicaragua.
Acusados de “traición a la patria” por el Ministerio Público, 94 disidentes -entre ellos la escritora Gioconda Belli y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez- perdieron “sus derechos ciudadanos de forma perpetua” en una decisión judicial anunciada el miércoles.
Las autoridades los despojaron de la nacionalidad nicaragüense y les confiscaron sus bienes en el país.
Días antes, 222 opositores que estaban en la cárcel también fueron declarados apátridas y deportados a Estados Unidos.
Entre ellos figuran los cinco candidatos a las elecciones presidenciales de 2021, que Ortega ganó con sus principales contendientes presos antes de iniciar su quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo con su esposa como vicepresidenta.
Organismos internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado en los últimos años de la deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo.
También lo han hecho otros países de América Latina, aunque solo unos pocos se han pronunciado sobre la nueva ofensiva de Ortega contra la oposición.
De hecho, llama la atención la diversidad de reacciones de los gobiernos de izquierda en la región: desde el silencio -por el momento- de Brasil y Argentina hasta la condena frontal de Chile, pasando por la moderación de Colombia y la ambigüedad de México.
Entre los ejecutivos de la región, sin duda es el chileno el que se expresó de forma más abierta y contundente.
“Los hechos de las últimas semanas lo demuestran, es que cada día más, se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, en una intervención televisada.
Aseguró que “Nicaragua tiene más de 280 presos políticos” y “222 de ellos fueron desterrados la semana pasada”.
La canciller también firmó una columna de opinión en la que acusó al gobierno de Ortega y Murillo de una variedad de violaciones de derechos humanos.
El presidente Gabriel Boric, no se ha pronunciado personalmente en esta ocasión sobre Nicaragua aunque sí lo hizo con anterioridad.
A finales de enero demandó la liberación de los “opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna” en Nicaragua durante su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las diferentes preguntas sobre el tema de los medios internacionales con un comunicado.
“México ha dado puntual seguimiento a la situación de las personas nicaragüenses deportadas de Nicaragua”, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Aseguraron que, “conforme a uno de sus principios torales de política exterior”, el gobierno mexicano “se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de ésta de manera arbitraria”.
Desde que la crisis política iniciada con el estallido social de 2018 en Nicaragua se agravara en 2021 con las polémicas elecciones y el encarcelamiento masivo de opositores, la postura de México ha sido ambigua.
El ejecutivo de López Obrador suele invocar el principio de no intervención en política exterior, legitimado en la Constitución del país.
Por su parte, el gobierno de Colombia también se pronunció con un comunicado de su Ministerio de Exteriores, que expresó su “preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos”.
“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, expuso.
Aseguró que el ejecutivo presidido por Gustavo Petro “sigue con atención las decisiones del Gobierno de la República de Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas detenidas en ese país”.
Finalmente, Bogotá hizo un llamado a “generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”.
Por otro lado, el gobierno colombiano se refirió a la liberación de los 222 opositores presos deportados a Estados Unidos el jueves 16 como “un paso importante para el diálogo nacional”.
Desde que Petro asumiera la presidencia colombiana en agosto de 2022, las relaciones entre su gobierno y el de Nicaragua, muy deterioradas desde la etapa de su predecesor Iván Duque, han mejorado.
Esto pese al litigio que ambos países mantienen sobre la soberanía de las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés y Providencia, que ha causado recientes fricciones y está en manos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que “condena” la retirada de la nacionalidad y la confiscación de bienes a los opositores en Nicaragua.
Calificó la medida como una “aberración jurídica” que “va contra los principios que norman la vida de las naciones y los derechos humanos”.
“Llamamos a rectificar, a liberar a los presos políticos y a devolver a este país a la vida democrática”
En contraste con todas estas reacciones, otros gobiernos de la región optan de momento por el silencio.
Entre ellos destacan los de Brasil y Argentina, que hasta el momento de publicarse este artículo no se han manifestado oficialmente sobre los últimos acontecimientos en Nicaragua.
Con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en enero de este año, el ejecutivo brasileño expresó su intención de normalizar las relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua, revirtiendo el alejamiento durante la anterior administración del conservador Jair Bolsonaro.
El canciller Mauro Vieira, sin embargo, afirmó a mediados de enero en una entrevista con La Folha de Sao Paulo que Nicaragua “no es” una democracia y aseguró que Brasil condena las violaciones de derechos humanos que se produzcan en el país.
En el caso de Argentina, su presidente Alberto Fernández dio recientemente lo que muchos consideraron una muestra de respaldo a los regímenes de Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro al asegurar en la reciente cumbre de la CELAC que “todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos”.
Cuba y Venezuela, los principales aliados de Nicaragua en la región, tampoco se han pronunciado oficialmente sobre el asunto.
