No obstante el Tribunal Constitucional (TC) ya lo ha denegado en un par de ocasiones con anterioridad, ayer 20 de febrero los abogados Ronald Von Der Weth y Antonio Barchiesi, presentaron un nuevo requerimiento para que este tribunal declare inconstitucional a la denominada Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y a otras organizaciones mapuche. El grueso de los argumentos se basan en el libro publicado por dicho movimiento: Chem Ka Rakiduam, Pensamiento y acción, edición 2022; un pendrive con un video con el extracto del lanzamiento del libro, y el comunicado público de la CAM del 10 de julio de 2022. Además, pide se oficie a 20 instituciones para que entreguen diversas pruebas y material relacionado a la Coordinadora y su acción.
La mañana de este 20 de febrero se presentó ante el Tribunal Constitucional un nuevo requerimiento para declarar inconstitucional a la Coordinadora Arauco Malleco. El documento patrocinado por los abogados Ronald Von Der Weth Pettinelli y Antonio Barchiesi Chávez, solicita —en virtud de una serie de antecedentes y hechos expuestos— “que se declare la inconstitucionalidad de los movimientos Coordinadora Arauco Malleco (CAM) liderada actualmente por Juan Pichun Collonao, del Órgano de Resistencia Territorial LAFKENCHE, liderado por José Benicio Huenchunao Mariñan, y de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) Wenteche Katrileo y Nagche, ambas coordinadas por Rafael Pichén Collonao”.
Luego de introducir la situación de violencia de la Macrozona Sur, expresamente en las regiones de la Araucanía y del Biobío, el escrito despliega sus argumentos tomando como prueba el libro de la Coordinadora Arauco Malleco, “Chem Ka Rakiduam Pensamiento y acción de la CAM”, presentado en 2019 en diferentes espacios públicos, “incluidas universidades del país”, agrega.
El texto dice “la CAM desarrolla su relato, estrategia y proyección, donde además se reconocen así mismos como una ‘organización clandestina con capacidad militar y asumen un accionar directo en contra del Estado de Chile, los ejes productivos de las paramilitares anti-mapuches. Entonces, a juicio de la CAM, cobran legitimidad los enfrentamientos y las acciones en contra de las fuerzas policiales, orientadas principalmente hacia la defensa de las comunidades ante la violencia estatal y en defensa de los procesos de recuperación territorial, para consolidar conquistas en materia territorial y política’”.
Finalmente, —sigue el argumento— se mencionan “las acciones de resistencia que en su mayoría son acciones incendiarias que están orientadas a la destrucción de maquinarias, infraestructura, transporte e insumos de propietarios privados que confrontan directamente contra las comunidades movilizadas por derechos territoriales”. En consiguiente, es la propia CAM la que reconoce la “violencia política” como táctica particular al periodo contemporáneo de lucha por la liberación nacional, forestales y en contra de la sociedad civil ‘capitalista’.
Añade que este libro contiene una verdadera carta Gantt que debemos ser capaces de reconocer, enfrentar y asumir como sociedad civil y Estado en su conjunto, tanto ciudadanos como las instituciones.
“Cabe destacar, que este conflicto no se trata de izquierdas o derechas, como muchos han tratado de graficar, más bien se trata de una lucha anarquista que busca, a través de mecanismos violentos la división territorial de Chile, y la destrucción de la institucionalidad en la zona de conflicto. En consiguiente, este libro debe ser el eje angular de la presente acción constitucional porque en él se encuentra la declaración de principios y la amenaza a nuestro Estado de derecho que fundamenta la declaración de inconstitucionalidad, razón por la cual, acompañamos el libro en el segundo otrosí de esta presentación”, expresan los abogados.
Se cita además el comunicado del pasado 13 de febrero, que fue publicado por el sitio Werkén Noticias, “donde la CAM se adjudicó el atentado en medio de la emergencia desatada por los incendios en la zona centro-sur del país. “En esta acción no resultaron personas lesionadas y dejamos en claro que se tomaron en cuenta las condiciones del terreno y clima para asegurarnos de no exponer a la población civil, viviendas ni terrenos de comunidades aledañas”, señalaron en una particular justificación del hecho. Ante ello, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció que el gobierno presentará acciones legales en contra de la CAM y en contra de quiénes resulten responsables por los ataques, afirmando que “no sé en qué agenda de reivindicación indígena eso puede tener justificación”.
Señalan los abogados Von Der Weth y Barchiesi, que en las páginas 107 a 130 del libro, entregadas al Tribunal, “se reivindican y relatan en primera persona una serie de actos violentistas y terroristas, generados por distintas ORTs, entre cuales destacan Lafkenche, Wenteche Katrileo y Nagche, y que dan cuenta del actuar criminal e inconstitucional de dichas organizaciones dependientes de la CAM”.
Y agregan: “En este sentido, se torna indispensable declarar la inconstitucionalidad de la CAM y las mencionadas ORTs, pues reiteramos han desafiado al Estado de derecho en su conjunto, planteando abiertamente la necesidad de una vía violenta y el uso de prácticas poco convencionales para lograr sus objetivos políticos, y es esa amenaza de división del país, la requiere una declaración de inconstitucionalidad, pues cuando se desafía permanentemente al orden democrático, debemos responder con toda la fuerza del Estado de derecho”.
Entre las pruebas entregadas al tribunal figura el libro Coordinadora Arauco Malleco (2019). Chem Ka Rakiduam. Pensamiento y acción de la CAM. Edición 2022. Un pendrive con un video extracto de uno de lanzamiento del libro y el comunicado público de la CAM del 10 de julio de 2022. Además, pide al Tribunal que oficie a 20 instituciones que pueden entregar antecedentes sobre las actividades de la CAM. Entre ellas se cuentan: Gendarmería de Chile, TVN, varias fiscalías regionales, el Consejo de Defensa del Estado, Conaf, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), el Ministerio de Interior, la PDI y Carabineros.
A la fecha el TC ha declarado inadmisible en dos ocasiones requerimientos presentados por el ex coordinador de la Macrozona Sur del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquizar. El último fallo fue en julio de 2022.
